Comunicado de STERM sobre la convocatoria de huelga general

El sindicato STERM nos remite este comunicado animando a la huelga del próximo miércoles.

Comunicado (PDF)

1ª marcha conra PARO, PRECARIEDAD y RECORTES

Damos publicidad a la siguiente información que remiten los compañeros de STERM.

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Hacemos un llamamiento a la participación activa, tanto en la marcha como en el recibimiento de la misma en los diferentes pueblos de la región. 

1ª JORNADA (5 de noviembre): Alcantarilla-Librilla-Alhama
Salida de Alcantarilla 8 h. desde Plaza de la Constitución - Llegada a Librilla 14 h., Ambulatorio

Salida de Librilla 16 h. desde Ambulatorios - Llegada a Alhama 18:30 h. Plaza del Ayuntamiento

2ª JORNADA (6 de noviembre): Alhama-Totana

Salida de Alhama 10:30 h. Plaza del Ayuntamiento - Llegada a Totana 18:30 h. Plaza del Ayuntamiento

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3ª JORNADA (7 de noviembre): Totana-Lorca

Salida de Totana 10:30 h. Plaza del Ayuntamiento - Llegada a Lorca 18:30 h. Plaza del Teatro

(Coincidiendo con el recibimiento por la ciudadanía de Lorca, tendrá lugar una Gran Manifestación por distintas calles y barrios de la ciudad, como el Barrio de la Viña, en recuerdo con los daños causados por el terremoto)

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4ª JORNADA (8 de noviembre): Moratalla-Calasparra

Salida de Moratalla 10:30 h. Plaza del Ayuntamiento - Llegada a Calasparra 18:30 h. Plaza del Ayuntamiento

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5ª JORNADA (9 de noviembre): Calasparra-Cieza

Salida de Calasparra 8:00 h. Plaza del Ayuntamiento - Llegada a Cieza 18:30 h. Esquina del Convento

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6ª JORNADA (10 de noviembre): Cieza-Molina del Segura

Salida de Cieza 8:00 h. Esquina del Convento - Llegada a Molina del Segura 18:30 h. Plaza del Ayuntamiento

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7ª JORNADA (11 de noviembre): Molina del Segura-Murcia

Salida de Molina del Segura 8:00 h. Plaza del Ayuntamiento - Llegada a Murcia 12:00 h. Plaza Circular

(Coincidiendo con el recibimiento por la ciudadanía de Murcia, tendrá lugar una Gran Manifestación por calles de la ciudad. A la altura de Espinardo -Jardín frente Estrella de Levante- se sumarán a la marcha las personas pertenecientes a la Universidad de Murcia que estén allí concentradas (10:00 h): estudiantes, personal de administración y servicios, docentes e investigadores).

14 N: huelga general

Es importante que nos movilicemos todos el 14 de noviembre.
He aquí una excelente argumentación de Vicenç Navarro.
(Original en este enlace)

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La necesaria huelga general

Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Las políticas públicas que el gobierno Rajoy en España y el gobierno Mas en Catalunya están llevando a cabo están afectando muy negativamente al bienestar de la mayoría de la población española, incluyendo la catalana. Sus enormes recortes de gasto y empleo público están deteriorando los servicios públicos del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia (mal llamadas guarderías en España), servicios domiciliarios a las personas con dependencia y servicios de prevención de la exclusión social, entre otros, que configuran la calidad de vida de toda la población, y muy en especial de las clases populares (la clase trabajadora y las clases medias de rentas medianas y bajas), que son las que utilizan predominantemente tales servicios.

Tales gobiernos han reducido también las transferencias públicas tales como las pensiones, de manera tal que los beneficiarios de estas transferencias han visto reducir su capacidad adquisitiva de una manera muy notable. Las pensiones de vejez, que son responsables de que el 64% de los ancianos en España, incluyendo Catalunya, no sean pobres, han perdido poder adquisitivo, resultado de crecer por debajo de la inflación. Como consecuencia, y en contra de lo que se está publicando en los medios de mayor difusión, la pobreza entre los ancianos está aumentando, una situación que no pasaba en España desde hace años. Tal incremento ha sido incluso más acentuado incluso entre los jóvenes e infantes, resultado, en parte, de las reducciones de las ayudas a las familias (ver la colección dirigida por Vicenç Navarro y Mónica Clua, El impacto de la crisis en las familias y en la infancia, Observatorio Social de España, publicado recientemente por Ciencias Sociales Ariel 2012).

Tales gobiernos han aprobado también reformas laborales que se presentaban como la solución para el elevado desempleo, que han tenido un impacto contrario al que en teoría se deseaba, reducirlo. El desempleo ha continuado creciendo, alcanzando el 25% de la fuerza laboral, siendo el número de desempleados de 5.778.000, una cifra nunca alcanzada antes. Esta elevada cifra ha atemorizado a toda la población, creando un enorme sentido de inseguridad, responsable del gran descenso de los salarios en España (lo cual, en realidad, era el objetivo real, nunca explicitado, de tales reformas).

Tal reducción de los salarios junto con los recortes tan notables del gasto público y la destrucción de empleo (tanto público como privado) han creado un enorme bajón en la demanda de productos y servicios, responsable, en parte, del descenso tan marcado del crecimiento económico, realidad incluso reconocida recientemente en un informe del gabinete de estudios del Fondo Monetario Internacional. Tales políticas están contribuyendo a la recesión que la economía española, incluyendo la catalana, está sufriendo. De hecho, y tal como algunos de nosotros hemos estado alertando desde el inicio de la crisis, tales políticas no sólo han sido ineficaces en el intento de facilitar la salida de nuestro país de la crisis, sino que han sido contraproducentes, como los hechos se han encargado de mostrar.

Las políticas que se están aplicando están afectando negativamente el bienestar de la población y empeorando la situación económica

En realidad era muy fácil predecir las consecuencias tan negativas de tales
políticas, pues iban en dirección contraria a las que los gobiernos Rajoy y Mas deberían haber llevado a cabo, es decir, políticas expansivas de gasto público, orientadas hacia la creación de empleo, y políticas favorecedoras del aumento de la capacidad adquisitiva de la población, tales como la subida de salarios. Son estas medidas las que podrían sacar a España de la recesión, la cual está profundizándose, yendo hacia la depresión. Fue mediante tal tipo de políticas que la administración del presidente Roosevelt terminó con la Gran Depresión (existente en EEUU al principios del siglo XX), expandiendo –a través del New Deal- el gasto y empleo público, y facilitando la sindicalización a fin de facilitar el crecimiento salarial. Un tanto semejante ocurrió en Europa después de la II Guerra Mundial, cuando las economías europeas estaban en recesión. Ésta dejó de existir a base de un enorme aumento del gasto público, facilitado por el plan Marshall. Y hoy, cuando la economía española se está deteriorando, el gobierno Rajoy y el gobierno Mas están recortando el único sector –el sector público- que podría estimular la economía, pues el sector privado esta paralizado debido a su enorme endeudamiento (endeudamiento, por cierto, causado en gran parte por la disminución de la capacidad adquisitiva de la población, resultado de la reducción de los salarios y aumento del desempleo). Tales intervenciones son profundamente erróneas, y se están desarrollando porque permiten alcanzar los objetivos que las fuerzas conservadoras y neoliberales (que tales partidos gobernantes representan) han deseado siempre, a saber, el debilitamiento y privatización del Estado del Bienestar y la reducción de los salarios, debilitando a los sindicatos. Y lo están consiguiendo a base de haber transmitido, a través de los medios de información y persuasión públicos y privados que las fuerzas conservadoras y neoliberales controlan, y que son la gran mayoría, el mensaje de que no hay alternativas a las políticas altamente impopulares que están desarrollando.

No es cierto que no haya alternativas

Pero es fácil de demostrar que sí que hay alternativas. Por cada recorte de gasto público que tales gobiernos están realizando a fin de conseguir mayores ingresos al Estado, se pueden mostrar otras medidas que podrían haber incrementado tales ingresos al Estado en cantidades similares o incluso superiores a las que han conseguido a base de recortes. Por ejemplo, en lugar del recorte de 6.000 millones de euros en sanidad pública llevados a cabo por los gobiernos Rajoy y Mas, se podrían haber conseguido 5.600 millones revertiendo la bajada del impuesto de sociedades (que tanto el PP como CiU aprobaron) de las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan un 0,12% de todas las empresas españolas). O en lugar de reducir las pensiones para conseguir 1.200 millones, se podrían haber conseguido 2.100 millones manteniendo el impuesto sobre el patrimonio, o 2.552 millones eliminando la bajada de impuestos de sucesiones. O en lugar de recortar 600 millones de euros para los servicios de dependencia, se podría reducir el subsidio a la Iglesia católica (aprobado por el PP y CiU) para enseñar clases de religión en las escuelas públicas. Y así, un largo etcétera.

En realidad, el Estado español, tanto central como autonómico, podría conseguir fácilmente más de 120.000 millones de euros, no sólo corrigiendo el fraude fiscal (que está altamente concentrado en las grandes fortunas, en las grandes empresas y en la banca) obteniendo 66.000 millones de euros, sino también corrigiendo la enorme regresividad en las políticas fiscales. No es por casualidad que los países de la Eurozona que están atravesando mayores dificultades, con déficits públicos mayores (Grecia, Portugal, España e Irlanda) hayan tenido todos ellos dictaduras o sistemas profundamente conservadores que determinaron Estados pobres, con escasa conciencia social (que explica el escaso desarrollo de sus Estados del Bienestar) y poco redistributivos (ver mi artículo “El mantenimiento o desmantelamiento del Estado del Bienestar” en www.vnavarro.org). Éstas son las causas de sus crisis, puesto que la gran influencia que las fuerzas conservadoras han continuado teniendo sobre sus Estados no han permitido cambiar sustancialmente tal situación. España y Catalunya, 34 años después de reinstaurar la democracia, continúan estando a la cola de la Europa Social (su gasto público social por habitante es de los más bajos de la UE-15). De ahí la urgencia de que haya una respuesta conjunta en todos estos países frente al ataque frontal al bienestar de su ciudadanía.

Las medidas antidemocráticas que se están imponiendo

Tales políticas de austeridad están siendo apoyadas por las fuerzas conservadoras y neoliberales que dominan el sistema de gobierno de la UE, y que están construyendo esta Europa y esta España (incluyendo Catalunya), a espaldas de los distintos pueblos y naciones que la constituyen. Las políticas públicas que tanto el gobierno Rajoy como el gobierno Mas están llevando a cabo son medidas que no tienen ningún mandato popular. Es, por lo tanto, un ataque a la democracia española que merece una respuesta contundente. Se están implementando medidas que afectan a la calidad de vida de la ciudadanía, sin que la mayoría de la población (incluso aquella que les votó) hubieran aprobado tales políticas, ya que ninguna de ellas estaba en su programa electoral. Mientras, las ayudas del Estado a la banca, que fue la que originó la crisis con sus comportamientos especulativos, han alcanzado una cifra enorme, equivalente  casi al 10% del PIB, sin que ninguna ayuda se haya proveído a las clases populares, que han sido víctimas de tales comportamientos. Hoy en España, incluyendo Catalunya, el ciudadano que no está indignado es porque no conoce lo que está pasando en su país. Nunca antes se había hecho tanto para tan pocos a costa de la gran mayoría de la población.

Dos últimas observaciones. Hay un enfado generalizado en España y en Catalunya, resultado de las políticas que se están realizando, sin que exista ningún mandato electoral para ello. Y existe también un agotamiento que está conduciendo a una rendición, expandiéndose la percepción de que las movilizaciones y la agitación social no sirven para nada. Eso no es cierto. La constante manipulación de nuestra historia ha hecho que se haya olvidado que, mientras el dictador Franco murió en la cama, la dictadura murió en la calle. De 1974 a 1978, España fue el país que proporcionalmente tuvo mayor número de huelgas y manifestaciones populares que haya habido en Europa en la segunda mitad del siglo XX. Tal agitación social fue lo que determinó la Transición de la dictadura a la democracia. Ahora bien, consecuencia del enorme dominio que las fuerzas conservadoras todavía mantenían sobre el aparato del Estado, tal democracia tiene enormes limitaciones. De ahí que alcanzar una segunda Transición ahora, pasando de tal democracia limitada a una democracia real, en la que la ciudadanía sea la que configure las políticas públicas del Estado, requerirá también una enorme agitación.

La otra observación es que hace unas semanas, en Barcelona, un millón y medio de personas salieron a la calle, manifestación que ha tenido un enorme impacto a lo largo del territorio español. Ello es un ejemplo que cuando la gente sale a la calle en protesta pueden tener un gran impacto. No hay duda de que una huelga general con la participación de millones de españoles que coincida con movilizaciones y huelgas generales en otros países de la Eurozona, mostrando un gran hartazgo y protesta contra las políticas públicas llevadas a cabo por los establishments español y catalán, así como por el establishment europeo (que las ha apoyado), tendrá un gran efecto, que no puede ignorarse, pues derrumba todo el argumentarlo que utilizan tales establishments, cuando se presentan como los portavoces del deseo popular. Y en España, tales movilizaciones exigiendo que se reviertan tales políticas que carecen del apoyo popular, son continuadoras de las movilizaciones anteriores que ocurrieron tanto durante la dictadura (que forzaron su fin), como después, durante el periodo democrático (que determinaron una expansión de los derechos civiles, laborales y sociales) y que hoy deben continuarse cuando no sólo tales derechos, sino la propia existencia de la democracia (ya en sí, excesivamente limitada en nuestro país) se está violando. En realidad, la reducción de aquellos derechos es consecuencia directa de la eliminación de la democracia, mediante la aplicación de medidas carentes de mandato popular.

 

Escándalo en el Consejo Escolar Del Estado

¿Qué futuro tiene una ley educativa que ya antes de nacer tiene crispados a la mayor parte de los integrantes de nuestra comunidad?

Para muestra....:

Padres, sindicatos y alumnos abandonan el Consejo Escolar del Estado

(artículo de EuropaPress)

 

Otra fuente:

Sindicatos de profesores, alumnos y padres se retiran del Consejo Escolar del Estado 

(artículo de El Diario Montañés)

 

 

 

Guerra sucia contra las protestas

Lo explica Javier Vizcaíno en ElDiario.es, con un repaso a las barbaridades que dicen hoy algunos medios de comunicación:

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Los peques se van de mani 

La culpa es de los padres, que los visten como huelguistas. “Así educan a sus hijos”, clama en portada La Razón sobre la imagen de unas criaturas sujetando pancartas en una de las movilizaciones contra el wertazo. Para qué tomarse la molestia de pixelar los rostros de los chavales en cumplimiento de la ley. Otra cosa es que fueran policías atizando; entonces sí tendría sentido cubrirlos con un tupido velo o hacerlos desaparecer de la foto, que es lo que se va a llevar muy pronto.

La reprimenda a los malvados progenitores continúa en las páginas interiores. “Patética huelga de padres”, sentencia uno de los minieditoriales marhuendíes, antes de explayarse así: “Estos padres han alentado un modelo fallido que multiplicó el fracaso escolar. España no resiste hoy comparativa alguna con los países de su entorno. Complicidades como las de Ceapa conllevarían hipotecar el futuro de generaciones con formación insuficiente”.

Suma y sigue, en lo que se supone que debería ser la información pura y dura sobre las movilizaciones, el neutral cronista anota: “¿Sus propuestas para contrarrestar la reforma de Wert? Más laicismo, menos Iglesia, que los niños puedan repetir curso y menos autoridad para los maestros. O sea, más de lo mismo”.

Por ahí le pica también al editorialista de El Mundo. “Paro politizado y sin razones”, encabeza la pieza que derrota tal que así: “Es borchornoso que una asociación de padres próxima a la izquierda política, la Ceapa, secundara un paro estudiantil por primera vez en la historia”.

Lo que han leído hasta ahora son menudencias al lado del cabreo que gasta Hermann Tertsch a cuenta de los alevines revoltosos y sus terribles mamás y papás. “Si algo demuestra la huelga convocada por ese sindicato fantasmal ultraizquierdista y secundada por los socialistas de esa asociación de padres, es la urgente necesidad de una reforma educativa que ponga patas arriba todo el sistema existente”, se desgañita desde su pedestal en ABC. Por si no se le ha entendido, unas líneas más abajo se repite añadiendo bilis a la andanada: “Porque la reacción de tantos padres e hijos lo que demuestra es que este sistema educativo es una mierda. Ni más ni menos”. Anda, al final parece que está de acuerdo.

También en el vetusto diario, Jaime González carga con toda la potencia de su prosa. Ojo a la comparación que se saca de la pluma: “La huelga de la Ceapa es una medida reactiva, pura involución, como si las madres les negaran el pecho a sus hijos en protesta por la factura del parto”. Igual que su compañero de tintas, un par de puntos seguidos después, se reincide en la comparación láctea y pectoral: “Pasaremos a la historia por ser el único país del mundo en el que, de tanto progresar para atrás, las madres les negaron el pecho a sus hijos mientras reivindicaban que las ubres resecas del Estado no dejaran nunca de dar leche”. ¿Algún trauma de la infancia? Tiene toda la pinta.

Va de obsesiones recurrentes. Al re-nuevo director de La Gaceta, José Javier Esparza, hay nombres que no se le van de la azotea. Quién sino el villano leonés iba a estar detrás de todo esto: “Zapatero sometió a la izquierda española a un hondo proceso de descerebramiento que hoy se traduce no sólo en esos jóvenes violentos de bandera roja, sino también en esos papás (y mamás) que aplauden la barbarie de los nenes”.

A modo de corolario y glosa completa de lo que han leído, un par de líneas del editorial de Libertad Digital: “Esta semana hemos asistido a una inconcebible "huelga de estudiantes", que por no ejercer un trabajo remunerado quedan fuera del ejercicio de ese derecho. Las huelgas de estudiantes han de ser prohibidas taxativamente y las huelgas generales exactamente igual según establece nuestra legislación”. Prohibición, santo remedio.

Seguimiento de la huelga y artículo de Luis García Montero

El seguimiento de la huelga de hoy en el IES Federico Balart ha sido muy notable. Solo han asistido la mayoría de los alumnos de primero de la ESO y algunos alumnos de los restantes grupos de 2º y 4º de ESO, mientras que en bachillerato han faltado la totalidad de los alumnos.

Aproximadamente hemos tenido un seguimiento de la huelga de entre un 75% y un 80%, lo que contrasta fuertemente con las estimaciones "oficiales" (que dan la irrisoria cifra del 23%). El contraste es aun mayor si se compara con otras huelgas estudiantiles previas donde pocos alumnos ejercieron su derecho a no acudir a clase.

En respuesta a los ataques y comentarios despectivos hacia la comunidad educativa que estamos sufriendo especialmente estos días de movilizaciones, copiamos el siguiente artículo de Luis García Montero en Público.es.

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La educación y el orgullo

Al teléfono móvil me llega un mensaje informativo del centro escolar en el que estudia mi hija: “se ha producido una falta de asistencia a la clase de lengua extranjera”. Luego insiste el parpadeo de la pantalla. Recibo mensajes sobre las clases de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Matemáticas, Iniciación a la vida laboral e informática. Este tipo de mensajes me llenan en otras ocasiones de inquietud. Hoy me siento orgulloso. Mi hija está en huelga y yo soy uno de esos padres, tan parecidos a los terroristas según las consignas mediáticas del partido en el Gobierno, que apoyan la huelga de sus hijos.

También me siento orgulloso de los profesores que llevan muchos meses conformando una marea verde en defensa de la educación pública y laica. Ese derecho constitucional se ha convertido en una aspiración radical y peligrosa desde que el ministro de Educación ha manchado los patios de colegio y sus conversaciones con un gusto por el desatino que mi hija y sus amigos califican de Wertedero.

Los profesores saben que las escuelas y los institutos no son hoy el único espacio de socialización de los niños. La familia, la televisión y las redes tecnológicas ocupan un lugar muy importante en la definición de las experiencias y las mentalidades. Los profesores saben también que su trabajo es imprescindible, que las cosas estarían mucho peor sin su esfuerzo, porque la degradación laboral y la mercantilización imponen con frecuencia los paradigmas de la zafiedad, la desatención y la tele-basura en las dinámicas sociales. Por mal que estén las cosas, los profesores asumen que cuando cierran la puerta de sus aulas son responsables inmediatos de lo poco o mucho que se pueda hacer por los alumnos. Ese es el motivo de que buena parte del profesorado no utilice la coartada de los malos tiempos para renunciar y se comprometa con ilusión cotidiana contra la barbarie de los planes de estudios, los recortes en inversiones y la falta de respeto de la que hace gala este ministerio.

En las discusiones políticas de los últimos años se ha entendido la idea del pacto por la educación como un acuerdo equilibrado sobre el carácter ideológico de los programas. Un verdadero error: el único pacto importante es la toma de conciencia de que la educación pública, al margen de los intereses y credos particulares, supone el verdadero vínculo, el cimiento de una sociedad. Los partidos deben ponerse de acuerdo en aumentar la inversión en educación pública hasta llegar a la media de los países europeos que merecen ser imitados. Y, después, deben dejar tranquilos a los profesionales para que trabajen en la difusión del conocimiento y en la formación de las personas.

Un buen programa educativo no es sólo el que prepara mano de obra para los mercados de trabajo o el desempleo. Es también el que sirve para formar ciudadanos capaces de sentirse libres y solidarios del dolor o la alegría de los demás. La ley del más fuerte es la consecuencia última de la mala educación, que no tiene que ver con la inquietud, la rebeldía y la desobediencia, sino con la consolidación de un mundo organizado por la desigualdad y los privilegios. El tratamiento humillante que se le viene dando a las humanidades en los planes de estudios es mucho más grave para la formación de las personas que las sucesivas polémicas sobre una asignatura particular destinada a la educación para la ciudadanía.

Así que me siento orgulloso por la huelga de mi hija, una niña que tenía pensado hacer el bachillerato artístico y que ve ahora como su música y su teatro se le escapan por el Wertedero que está acabando en España con la educación pública y la cultura.

La huelga es educativa. Como los colegios no son los únicos espacios de socialización, prefiero que las llamadas del compromiso político, la rebeldía y la defensa de los derechos sustituyan por una semana a la tele-basura en el escenario español. Igual tenemos suerte y la espesura de la derecha acaba de españolizarnos a todos, pero de una manera distinta. El españolismo manipulador del PP sólo ha servido para facilitar el sentimiento independentistas en Cataluña y El País Vasco. Quien nos quita ahora la ilusión de que el asalto a la enseñanza pública no sirva para unir por fin a alumnos, profesores y padres en la defensa de una educación decente, quiero decir, bien financiada, laica, libre y no discriminatoria por razones económicas o de sexo. En todos los asaltos contra la democracia, la educación es siempre la primera línea de fuego.

 

La Policía desarticula la cúpula de las AMPAs

Genial artículo de Isaac Rosa en ElDiario.es

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En una operación dirigida por la Audiencia Nacional, efectivos de la Policía detuvieron ayer a cuatro madres y cuatro padres, y desarticularon así la cúpula de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA). En la operación requisaron varios ordenadores que están siendo analizados, y abundante material propagandístico relacionado con la huelga política y antisistema convocada para el jueves, con la que pretendían violar el derecho de los niños a la educación. Los detenidos, que permanecen incomunicados y cuyos hijos han quedado bajo tutela judicial, podrían estar además relacionados con un delito de fraude en el cobro de subvenciones, y tendrían vínculos con otras organizaciones antisistema.

Sí, la noticia es inventada, pero díganme la verdad: si mañana leen algo así en uno de esos periódicos mamporreros que todos conocemos, ¿se sorprenderían? No demasiado. Se indignarían, se asustarían, pero poca sorpresa, porque no sería la primera vez ni la última que una acción de protesta acaba convertida en delito, que una lucha social se convierte en problema de orden público, o que un fiscal, un ministro, un jefe de policía, o todos a una, entran como elefante en cacharrería en algún conflicto social.

Sí, lo de las madres y padres detenidos suena exagerado, pero yo ya me creo cualquier cosa. Porque la lista de casos similares es larga y está lejos de cerrarse. Hagan memoria: asociaciones estudiantiles, huelguistas, sindicalistas, okupas, independentistas, manifestantes anticlericales, piratas informáticos, universitarios que ocupan una capilla católica en el campus, anonymous con careta, 15-M, 25-S…

Todos los citados (y muchos otros que ya no recordamos) recibieron el mismo trato: criminalización, persecución policial, denuncias, intoxicación informativa, portadas difamantes de la prensa amiga. Y no hablemos ya de quienes, en Euskadi, sufrieron durante años la barra libre de la teoría del entorno, en la que bastaba decir “ETA” para que a la mayoría se le embotasen los oídos y mirase para otro lado ante los excesos policiales y judiciales. Que se lo pregunten a Martxelo Otamendi, al que diez años después un tribunal (no español) ha hecho justicia por las torturas sufridas.

Tras las palabras del ministro Wert llamando antisistema radicales a madres y padres, ayer el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, dio el siguiente paso, todo un clásico: escribir Batasuna y padres en la misma frase. Recordemos que, durante años, a todo disidente social, laboral, político o vecinal se le investigaba a fondo para encontrarle algún vínculo, por débil que fuese, que permitiera escribir ETA (o Batasuna) junto a su nombre en la misma frase. Ayer Alonso, después de soltarlo, dijo que no, que no quería comparar, pero el titular ya estaba construido.

Yo pensaba que con la desaparición de ETA ya no podrían recurrir a la bicha habitual, pero se ve que sí. Aunque tampoco es necesario: siempre podremos relacionar al protestón de turno con algún cobro irregular de subvenciones (aunque luego quede en nada), recordar su militancia pasada en algún partido político o sindicato (que es cosa de mucho desprestigio por esta tierra, ya saben), buscar en el registro de la propiedad para encontrarle un terrenito rural o un piso con dos baños con que presentarlo como potentado, o sacarle una foto cenando en un restaurante caro. Cualquier cosa nos vale.

En el caso de las madres y padres que dirigen la CEAPA, estos días estarán los sabuesos escudriñando sus biografías para encontrar algo, por escaso que sea, que pueda ser agrandado en titulares y arrojado sobre ellos. Ya ayer, además de repetir lo de “antisistema” y “ultraizquierda” en toda la prensa de derecha, uno de los periódicos más aficionado a estas campañas insinuaba que la huelga podía ser una “venganza” de la CEAPA por haber visto reducidas sus subvenciones, y relacionaba a sus dirigentes con "la izquierda política y sindical".

Tenemos una derecha de piñón fijo, incapaz de otra respuesta que no sea la criminalización, el miedo y la difamación mediática. Ante cualquier protesta que considere amenazante, siempre tiene la misma respuesta, esa que le ha funcionado tantas veces y que por eso sigue desenfundando. Sin embargo, ante el malestar social que va a más, tendrán que inventar otra cosa, porque esas campañas no sirven.

No sirven porque, a fuerza de abusar del mismo truco, somos ya demasiados los que alguna vez hemos sido englobados entre los antisistema, radicales y ultraizquierdistas. Esta semana, de una tacada, pueden haber arrojado a las filas de la subversión a varios cientos de miles de familias que no llevaremos a nuestros hijos al colegio el jueves en protesta por el desmantelamiento del sistema educativo. Pero además, cada vez somos más los que, cuando nos llaman antisistema o radicales, no nos ofendemos.

Son ellos los que, igual que durante años fabricaron nacionalistas e independentistas en masa con sus políticas de confrontación, ahora están convirtiendo en antistema a millones de ciudadanos que compartimos una idea: si el sistema son ellos, por supuesto somos antisistemas.