MANIFIESTO POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA
El artículo 27 de la Constitución española reconoce el derecho de todos a la educación y los poderes públicos deben garantizar el acceso a la misma. La educación es un servicio público, garantía de igualdad para todos los ciudadanos con independencia de su condición social, y debemos defenderlo frente a las políticas tendentes a su deterioro y desmantelamiento.
Las medidas de ajuste presupuestario, basadas en la reducción del gasto social, son ataques frontales a los pilares del estado del bienestar y la educación pública es uno de ellos. En un sistema político y económico que adolece de falta de democracia, las prioridades de los partidos actualmente con responsabilidades de gobierno se someten a los dictados de los mercados financieros y las grandes empresas en lugar de atender a las necesidades sociales, y en este contexto es donde surgen los recortes en la educación pública.
Consideramos que la formación de los ciudadanos no debería ser contemplada como un gasto sino como una inversión, imprescindible para asegurar el futuro de la sociedad. Nos oponemos a los recortes y reivindicamos un aumento de recursos humanos y materiales destinados a la educación pública, reemplazando el despilfarro en dotaciones para programas de efectos meramente propagandísticos por inversiones que realmente contribuyan a mejorar la calidad de este servicio básico y esencial.
Consideramos que la existencia de una red pública de centros de enseñanza que atienda íntegramente a la demanda educativa de toda la población, y asegure la gratuidad de la misma, es una conquista democrática irrenunciable. Denunciamos como contrarias al interés general las actuaciones de los poderes públicos que privilegian a los centros privados al tiempo que aplican brutales medidas de recorte que afectan a la educación pública, y cuestionan su gratuidad. En un estado de derecho, los servicios públicos no deben subordinarse a intereses privados, por lo que rechazamos la concertación de la educación pública, sin que ello signifique cuestionar la libre creación de centros dentro de los principios constitucionales.
Las condiciones de los centros distan mucho de ser las idóneas para ofrecer una enseñanza de calidad. Como alumnos, padres y madres y docentes, nos preocupan los índices de fracaso escolar, el abandono temprano, la escasez de salidas académicas y profesionales satisfactorias para todos los estudiantes, y la ausencia de soluciones adecuadas a estos problemas desde las Administraciones Públicas. Nos preocupan también las carencias de nuestro sistema educativo en aspectos que son objeto de evaluación internacional desde la OCDE.
Reivindicamos mejoras sustantivas en la calidad de la enseñanza, con disponibilidad de profesionales docentes para trabajar con eficacia en aulas no masificadas, que favorezcan el logro de los objetivos educativos del mayor número posible de alumnos y alumnas. Así mismo es necesaria la presencia de especialistas en los centros, tanto de Primaria como de Secundaria, que ayuden a prevenir y atender las necesidades de apoyo específico. Es necesario potenciar una enseñanza más práctica y revisar los objetivos, contenidos y metodologías que permitan a nuestro alumnado acceder a conocimientos universales – científicos, artísticos y humanísticos-, desde la reflexión crítica, comprendiendo realmente los conceptos; así como desarrollar las habilidades y competencias necesarias para convivir en una sociedad democrática y para incorporarse a la misma como ciudadanos autónomos y críticos.
Un incremento considerable de la inversión en Educación pública es condición necesaria para implementar estas mejoras. Se precisan cambios en los colegios, institutos y facultades universitarias, en aspectos pedagógicos, organizativos y de convivencia, que deben ser promovidos desde la comunidad educativa, con el protagonismo de los docentes, en el ejercicio y pleno desarrollo de su autonomía profesional, mediante un diálogo constructivo, con la participación de padres y estudiantes.
Es preciso abordar los cambios políticos y normativos necesarios para hacer efectivos en las escuelas los principios constitucionales de aconfesionalidad, igualdad de los ciudadanos y libertad de conciencia. Abogamos por una escuela que eduque en valores cívicos, en cuya dinámica cotidiana han de estar presentes la libertad de pensamiento, el contraste de opiniones, la defensa de los derechos, la aceptación de la diversidad de culturas, el respeto y la tolerancia; quedando excluida de ella cualquier clase de adoctrinamiento. Queremos abrir un debate acerca del estatuto de la religión en el sistema educativo.
Entendemos que un modelo educativo democrático, cuya finalidad sea el pleno desarrollo de la personalidad humana, debe actuar como factor de integración social y compensación de desigualdades, evitando la exclusión social. La orientación académica y profesional y el establecimiento de itinerarios educativos flexibles debe contribuir a este propósito. Debemos procurar una coherencia de objetivos entre los diferentes ciclos del sistema educativo, concebidos como una progresión desde la etapa infantil hasta los estudios post-obligatorios.
La Formación Profesional debe recibir un impulso decidido por parte de las Administraciones educativas, ampliando, actualizando y reordenando la oferta educativa, y dotando a los centros de forma adecuada para la impartición de contenidos que respondan a la demanda real de la sociedad. Las enseñanzas de Formación Profesional deben quedar vinculadas a las universitarias, concibiéndolas como parte integrante de la oferta de estudios de grado superior.
Los estudios superiores deben actualizarse y corresponderse con las necesidades sociales y laborales. Nos preocupan los efectos negativos para la educación pública de las decisiones de política universitaria basadas en la Estrategia 2015, que están orientadas al beneficio del mercado y no al bien común, y tienden a encarecer los estudios, potenciando un modelo de educación elitista que rechazamos.
Reivindicamos un funcionamiento democrático real de los centros de enseñanza, configurando a los órganos colegiados, y en especial a los Claustros, como auténticos órganos de participación y control de la gestión de los centros; y consideramos esencial para una gestión responsable que los equipos directivos surjan de un proceso electivo desde la propia comunidad educativa y no de un proceso selectivo con intervención de la Administración.
Los colectivos ciudadanos que suscribimos este manifiesto hemos constituido una plataforma de reflexión y acción para la defensa y la mejora de la educación pública en la Región de Murcia. Nuestro objetivo es actuar colectivamente, docentes, estudiantes, padres y madres, ciudadanos en definitiva, para luchar contra las políticas de recorte que se están produciendo, tanto a nivel autonómico como estatal, y para exigir más inversión. Luchamos por mejorar la educación, porque está en juego el futuro de la sociedad. Queremos promover iniciativas ciudadanas que contribuyan a los cambios necesarios para mejorar la situación de los centros públicos de enseñanza, y para reclamar una educación democrática, laica y de calidad para todos.
Somos Educación Pública.
Firman este Manifiesto:
Plataforma Educación y Dignidad.
Plataforma de Docentes de Cartagena.
Comité de Resistencia de Molina.
Ciudadanos en Pie de Guerra
Sindicato de Estudiantes Independiente.
Movimiento de Renovación Pedagógica “Antonia Maymón”.
Asamblea Ciudadana por la Educación Pública.
Estamos abiertos a la incorporación de nuevos colectivos que suscriban este manifiesto. Los interesados, tanto en suscribir el manifiesto como en recibir convocatorias de reuniones de la plataforma, pueden contactar con:
Nuestra próxima reunión se convoca para el jueves 1 de diciembre, a las 17:30 horas en FAVEMUR (c/ Sierra de Gredos 2, Murcia)
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