Un nuevo ajuste salarial en el horizonte

Una compañera nos remite esta noticia del diario Expansión de hace un par de semanas.

Aunque personalmente no comparto el visto bueno implícito del redactor, creo que no está de más echarle un vistazo para saber a qué atenernos...

Tampoco está de más que reflexionemos sobre quién nos gobierna: ¿la Unión Europea y el FMI o los partidos a los que votamos? ¿Vale la pena quejarse si a continuación se vota a quienes son fieles servidores de estos organismos...? Creo que es necesaria más coherencia social y más valentía en el voto a opciones realmente alternativas.
El artículo completo, en este enlace.

Aquí un extracto (los subrayados son nuestros):

El Gobierno prepara otro ajuste salarial para los empleados públicos

El Programa de Estabilidad dice que se impulsarán más medidas de “moderación salarial”. Es decir, habrá bajada real de los sueldos.

Los empleados públicos, tanto del Estado como de ayuntamientos y autonomías, no han pagado por completo la factura de la crisis de las arcas públicas. Según el último Programa de Estabilidad que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha enviado a Bruselas, las tres administraciones tendrán que impulsar un ajuste extra en la remuneración de sus funcionarios y de su personal laboral para cumplir con las exigencias de la Comisión Europea.

Las cifras del documento enviado a la UE hablan por sí solas. El Gobierno tiene previsto reducir el déficit en cerca de 3.000 millones (0,3 puntos porcentuales del PIB) de euros en 2011 con la congelación de los sueldos. También prevé aminorar el agujero presupuestario hasta 2013 en 8.000 millones (0,8 puntos del PIB) reponiendo sólo el 10% de las vacantes.

Y como España se ha comprometido en el mismo informe ante la UE a ahorrar 1,5 puntos del PIB entre 2011 y 2013 (esto es, cerca de 15.000 millones) a costa de los asalariados del sector público, la ecuación es sencilla: el Estado, los consistorios y las autonomías tendrán que ajustar en 4.000 millones el salario de los funcionarios mediante el mantenimiento de “un esquema de moderación salarial aplicado al conjunto de las Administraciones Públicas”.
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